martes, 5 de junio de 2012

Homenaje a la Bandera



Se propuso en el I Congreso de Municipalidades de 1911

El 19 de abril de 1911, se reunió en Caracas el Primer Congreso de Municipalidades venezolanas en la ocasión de celebrarse el centenario de los sucesos ocurridos un 19 de abril de 1811, evento que fue decretado el 19 de marzo de 1910 por el Ejecutivo Nacional.  La finalidad fue la de conmemorar los cien años del grito de Independencia.

Las líneas del programa del Congreso de Municipalidades estaban orientadas en la presentación de informes por cada municipalidad participante sobre: sanidad y régimen hospitalario, rentas, ejidos y estadísticas, judicial y de régimen penitenciario, de obras y comunicaciones, escolar y de registro civil.

Como hecho noticioso y trascendental fue la proposición de acuerdo que realizó el doctor Luis Ramón Morín al Congreso de Municipalidades, quien señaló que el Concejo Municipal del Distrito Monagas, estado Guárico había instituido con el carácter de permanente, la ceremonia anual del homenaje a la Bandera por parte de las escuelas, por lo tanto recomendaba al Congreso Nacional que este ejemplo fuera instituido a ceremonia nacional para que “los futuros ciudadanos de la República ofrendaran ante la bandera que simboliza la Patria, los sentimientos excelsos y sea ella honrada, defendida y glorificada.”

Suscribieron este acuerdo: F. Monroy González, Andrés J. Vigas, F. de P. Reyes, Francisco I. Carreño, Avelino Ramírez, Eloy G. González, C. Zuleta, Carlos Manuel Velásquez, Luis Corrales, V. Peña, Pablo Godoy Fonseca, Antonio Zúñiga, V.M. Rada, J. Bolet Monagas, Venancio A. Delgado y Pablo Grillet.

[Fuente: Actas y Conclusiones. Primer Congreso de Municipalidades de Venezuela. Congreso de la República. Ediciones Conmemorativas del Bicentenario del Natalicio del Libertador Simón Bolívar. Caracas/Veenzuela. 1983. pág. 151]

El hospital de Caridad en la Provincia de Barinas


“Una necesidad urgentísima” a finales de la colonia



Los hospitales fueron durante la colonia instituciones de capital importancia para los gobiernos locales,  porque sus establecimientos en su gran mayoría fueron realizados por la iniciativa de particulares pudientes o grupos religiosos, de esta manera los gobernantes podían cumplir con las reales ordenanzas.



                               Plano del hospital general de la Provincia de Barinas. Archivo General de Indias. MP-Venezuela. 201. Sevilla. España

El establecimiento de un hospital en  la provincia de Barinas, se rigió de acuerdo a las disposiciones que figuraban en las leyes de Indias, pues era obligatorio la fundación de estos centros, en toda nueva ciudad conquistada.

Las gestiones realizadas por Don Fernando Antonio Vicente Miyares Pérez, Comandante político y Militar é Intendente de esta comandancia según Cédula Real del 15 de febrero de 1786, consistió en el envío de documentos al Rey. Entre los legajos se encontraban  dos cartas de fecha 11 de julio de 1787 y del 10 de junio de 1789.

En estas epístolas  Miyares le hace saber a la Corona, la existencia en las arcas de 6.387 pesos, 2 reales y maravedíes, por concepto de los diezmos recaudados a finales del año 1786. Además participa, que para la construcción del hospital conforme a los planos elaborados por él, se necesitaban 6.984 pesos, suma que no distaba mucho de la cantidad recaudada en ese año.

Adicionalmente, Miyares sugirió al Rey apelar a las limosnas ofrecidas por algunos vecinos acaudalados, más el dinero recogido por la producción del “arriendo del guarapo y casa de gallos”; así como lo que se recogiera por los permisos de las corridas de toros que se realizaban anualmente.

Por otra parte, el Intendente también expuso que era “una necesidad urgentísima” la fundación de un hospital motivado a que en toda la vasta comandancia de Barinas, (para la época comprendía los territorios de Barinas, Apure y parte de Portuguesa), no existía un establecimiento similar y asiduamente se podían observar en las calles y en los campos, “muchos pobres enfermos destituidos de todo amparo corporal y cristiano.”

En esta misma idea Miyares hizo hincapié, en que se aprovechara como mano de obra a los “vagos y reos” que se hallaban en las cárceles de manera que la construcción del edificio saliera más barata.

 De igual modo, solicitó que los encargados de la asistencia y cuidado del hospital fuesen de la orden religiosa  bethlemitas  traídos de México y Cuba, por ser estos de las “religiones hospitalarias”, por la buena técnica y régimen que usaban para atender enfermos.

El Hospital General o Nosocomio de Belén

Respondiendo a la iniciativa de Miyares, su majestad Carlos III ordena según  Cédula Real del 13 de abril de 1793, el establecimiento y construcción de un hospital en la ciudad de Barinas capital de la Provincia, con la misión de curar; no sólo a los enfermos de la capital, sino también a los de la ciudad de Pedraza, Barinitas, Obispo y Barrancas.

La parte arquitectónica de este hospital colonial y aceptada por la Corona,  fue  descripta de una forma muy explicita en el plano elaborado por Fernando Miyares en Barinas el 30 de junio de 1787.

La obra comprendía los espacios necesarios para alojamiento y servicio de tres religiosos “Belemitas” y departamentos separados de hombres y un mujeres. Ambos ocupaban dos cuadras de 45 varas por cada lado, que unidos componían la mitad de una manzana o cuadra de la ciudad, quedando vacío igual espacio de terreno a espaldas del que se proyectaba fabricar, con destino para huerta y por si más adelante se convenía extender la obra del “nosocomio de Belén” o del “hospital general “, denominaciones que utilizó Miyares cuando realizó la descripción del plano.

Las estructuras de los dos departamentos estaban diseñadas de forma homogénea. En el plano se puede observar que el edificio estaba planificado para dos puertas principales o zaguanes por cada departamento.

El departamento de hombres comprendía,  áreas para la puerta principal y zaguán, un patio, una botica, celdas para religiosos, un refectorio, despensa, ropería, almacén para utensilios, cocina, baño, salones para enfermos: para pobres blancos e indios, un lugar para pardos y morenos libres. Un sitio para las tropas y guardias,  además de un lugar común.

En el departamento de las mujeres existían, una puerta principal y zaguán, un patio, un lugar para alojarse las enfermeras, un cuarto de comer, una despensa, ropería y almacén. Además de la cocina, baño, salones para las enfermas: para blancas e indias y otro para pardas y morenas libres.

De igual forma el hospital tenía, rejas, ventanas, fuente de agua, una capilla con su altar que daba vista a todos los recintos por las rejas, asimismo habían corredores y lavaderos de ropa.

Según acta de Cabildo del 16 de diciembre de 1799, la primera piedra del edificio levantada fue a finales de ese año y para el 1 de febrero de 1802 ya estaba casi la obra concluida .Para esa fecha se cree, que fueron recluidos los primeros enfermos con la atención y la comodidad necesaria.

Pedro Alcántara Espejo, fue el mayordomo del hospital designado por el Gobernador Miyares el 22 de junio de 1794 y don José Antonio Alustiza (graduado en el protomedicato de la Corte de Madrid) fue el cirujano que prestó la asistencia médica requerida.

Según Virgilio Tosta (1986), la estructura del hospital colonial fue destruida por la guerra de Independencia y el edificio del hospital colonial estaba situado “en la manzana que hoy rodean las avenidas Sucre y Briceño Méndez, y las calles Carvajal y Camejo”.

La atención hospitalaria en la Barinas Colonial

La atención hospitalaria en la Barinas colonial, se inicia por primera vez con el establecimiento del hospital de Caridad. Le correspondió al  Gobernador Miguel de  Ungaro elaborar un reglamento provisional para regular las actividades asistenciales de ese nosocomio.

El primer artículo disponía, que solo se debía albergar enfermos provenientes de Barrancas, La Yuca, Obispo y la Luz, por ser éstos los únicos señalados por el Rey como contribuyentes de esta obra, quedando excluidos los habitantes de otras partes de la provincia, que sólo por caridad se les admitía en el hospital, siempre que hubiesen camas disponibles, además el médico debía certificar que el paciente debía mejorar su salud en el término de 3 a 4 días y estuviesen en capacidad de volver a su pueblo. Los pacientes que por la gravedad de su enfermedad tenía “cercana la muerte”, se les aceptaba, a fin de que pudieran recibir los sacramentos cristianos.

El  segundo artículo establecía,  que el paciente que presentara una enfermedad desconocida por el médico tratante, en el lapso de tres días se les daba de alta, el mismo trato era dado a los enfermos incurables. Las razones de estas medidas radicaban en el hecho de que el establecimiento apenas “disponía de 20 camas” y no se quería perjudicar a otros enfermos que ameritaban la atención.

En relación a la consulta externa, en ambos departamentos se prestaba el servicio de “cura exterior” en los turnos de mañana y tarde. La  dieta alimentaria también fue regulada en esta normativa. Los pacientes con “dieta total” recibían como ración: caldo, dos cuartos de gallinas y una libra de carne por paciente, distribuidas en dos turnos. Los enfermos de “media ración”, recibían “medio cuarto de gallina” y una libra de carne por comida, además de pan.

Los sueldos del personal estaban regulados en reglamento. El mayordomo del hospital recibía el 8 por ciento de lo que se recaudase para el mantenimiento del hospital. El médico devengaría un sueldo de 20 pesos, el boticario mantenía un sueldo que oscilaba entre 8 a 10 pesos. Los enfermeros, cobrarían 3 pesos y la comida. La cocinera ganaría 4 pesos más la comida y al sacerdote se le cancelaría 7 pesos.

                              
Autora: Marinela Araque Rivero


Referencias:
TOSTA, Virgilio. Historia de Barinas. Tomo I. 1577-1800.Caracas. 1986. pp.416-420
Archivo General de Indias. MP-Venezuela. 201. Sevilla. España




El abigeato en la Provincia de Barinas


Poniendo orden al robo

La Ordenanza para el Régimen Gobierno y Disciplina de los Llanos de las Provincias de Venezuela y la de Barinas no sólo constituyó uno de los más importantes instrumentos jurídicos de que se valió el conquistador para impulsar y consumar la tarea colonizadora, sino que también desde un comienzo la riqueza pecuaria se estableció en una de las fuentes básicas para fortalecer  la Corona Española.

Sentenció el escritor Daniel Mendoza en su libro El Llanero publicado en 1846, que a principios de siglo XVIII “puede decirse que nació el abigeato de los Llanos”, en Venezuela.

De hecho, en los llanos de la provincia de Barinas a finales del siglo XVII, los hurtos y robo era una conducta extendida, donde el abigeato era una de las formas más comunes.
Las repetidas providencias expedidas para “extirpar” este mal en tiempos pasados y singularmente acordadas en el año 1771  por los Gobiernos, Capitanía General y por la Real Audiencia de esta provincia, habían sido insuficientes.

 Llegó “a hacerse insufrible el excesivo número de ladrones de esta especie”, hasta el punto de que los malhechores habían desarrollado experiencia, aumentándose día a día la corrupción y el atrevimiento de estos, había llegado su insolencia  hasta el extremo de resistir y atacar con fuerza a los hacendados de hatos, además de otras personas, que en defensa de sus propios intereses habían intentado oponerse ante los “depravados designios de aquellos” bandidos.

Causa criminal por el delito de abigeato
En la Junta Generales  de Hacendados de Ganados celebrada en enero de 1794, se indicaba que había sido imposible “contener el abominable vicio de abigeato, radicado y embejecido en los llanos de estas provincias”.

Esto no era una situación ajena a la realidad de los años anteriores, reseña García (1996) que por ejemplo en el año 1793 se acusa de este delito a Don Antonio Saa de la población de Banco Largo promovido por Santiago Martínez.

De la misma forma, este quebrantamiento de la ley se fue acrecentándose en los años posteriores. En 1794 se siguen procesos contra Antonio Castillo, Juan Carlos Tirado e Ignacio Pérez por el robo de mulas y contra Manuel Villegas por delito de abigeato.  

En 1795 después se establecen autos contra Vicente Rodríguez Guarato y demás cómplices por delito de robo de ganado. Ni los sacerdotes se escaparon de estas acusaciones, como caso curioso en ese año se destaca el del padre Juan Evangelista Málaga, quien se le siguió una causa a instancia de los vecinos de San Jaime por ciertos robos de ganado.

Asimismo en el año de 1797 se le abre una causa contra Santiago Martínez por el delito de abigeato. José Antonio Ungría se le acusa de hurto de animales. En las poblaciones de Santa Rita y Sabaneta en el año 1800 se acusa por el delito de robo de ganado a Roso Páez, Lorenzo Carranchas y Simón Díaz.

El Alcalde de la Hermandad de Barinas en el año 1801 procede por abigeato a los procesados Clemente e Isidro Cordero. En Obispos se procesa a Justo Gómez y Antonio Peña (alias Matron) y en el caserío Banco Largo se acusa a Juan Agustín Aponte y Pío de los Reyes Castro, por el delito de abigeato.

Fueron numerosos los expedientes que se abrieron por este delito en las provincias de Venezuela y en la de Barinas.

Actuaciones de la Junta General de Hacendados
El 24 de noviembre de 1792, el gobierno de las Provincias de Venezuela y la de Barinas convocó y presidió en la ciudad de Caracas una Junta General de Hacendados de Ganados, en el cual se acordó por unanimidad crear una ordenanza que fuese capaz de poner término al grave y “envejecido”  mal del abigeato que estaba amenazando a la ruina  y absoluta desolación de las haciendas de ganados, se diputaron para la misma junta los señores Marqués del Toro y Don Fernando Ascanio.

 Por otro lado, se presentaron otros candidatos con la misma autoridad, que conformarían posteriormente la comisión que elaboraría y presentarían al rey las reglas para corregir los abusos y cortar de raíz los graves males que se experimentaban en los llanos. La responsabilidad  recayó en Don José Cocho Iriarte, Capitán del Batallón Disciplinario de Blancos de los Valles de Aragua, Don Tomás Paz del Castillo, don Sebastián Vélez de Mier y Terán y Don Manuel Antonio Hernández.

La mencionada ordenanza presentada en la Junta General de Hacendados de Ganados en el año 1794, estaba distribuida en cuatro tratados: El primero normaba, los medios de elecciones de diputados, de tenientes, secretario y jueces del llano. También se mencionaban  los departamentos que han de dividir los llanos. Las cuadrillas montadas que han de haber, cárceles que debían fabricarse y las guardias para su custodia.  

El segundo tratado comprendía los fondos de este establecimiento, las reglas de administración, el manejo de intereses, de los sueldos y pensiones que debían pagarse,
El tercer tratado regulaba la forma de gobierno, la policía de los llanos, los delitos comunes y penas que a ellos corresponden.

El cuarto tratado mencionaban las cosas que deben tener presentes los Jueces de Llanos, el modo de formar sumarios; substancias, seguir y sentenciar las causas correspondientes a su jurisdicción, y los casos con que han de admitir las apelaciones y por dónde.

Entre la pena de muerte y los azotes

La ordenanza establecía,  que todas aquellas personas sin distinción de clases que se hallaran incurso por primera vez en el  robo o latrocinio de  más de cinco animales, sufriría la pena de muerte.

En el caso de que por primera vez  haya robado sólo una cabeza de ganado, el culpable recibía 100 azotes y si eran dos,  200 azotes. Si eran más de tres cabezas de ganado robadas, el delincuente recibiría 200 azotes más dos años de presidio. Si eran cuatro cabezas de ganado, el ladrón recibía 200 azotes más cuatro años de prisión.

No sólo los ladrones recibían penas y sanciones, sino los que compraban ganado sin que hubiesen constatados su procedencia con suficientes documentos que lo acreditaran, recibían la pena del destierro del Reino por diez años, al justificársele haberlos comprados a ladrones conocidos. De igual manera incurrían en el mismo delito, aquellos que auxiliaran  o protegían en su casa a estos malhechores.

Las reglas que quedaron expuestas en este documento, fueron las únicas que le parecieron a la Junta de Hacendados para corregir los excesos de todas las especies, especialmente los robos desatados en los llanos de las provincias de Venezuela y la de Barinas.

 Aspiraban los hacendados, que solo con la ejecución de esta ordenanza que proponían, podía afianzarse la seguridad de las copiosas haciendas de ganados que allí se criaban, ya que las mismas eran el eje “sobre que rueda la importante máquina de los intereses de una y otra”, a las que les presagiaba una infalible ruina, por el lastimoso estado de corrupción a la que se hallaban reducidas.

De lo anterior podemos deducir, que el hurto en general y el abigeato formaban parte de las prácticas ilegales más frecuentes a los postrimeros días de la Colonia, conducta indeseable que se ha mantenido desafortunadamente hasta nuestros días.

Autora: Marinela Araque Rivero
Referencias
ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA. Archivo General del libertador. Ordenanza para el régimen gobierno y disciplina de los llanos de esta Provincia y la de Barinas formadas en virtud de lo prevenido por Real Cédula de su Majestad.  Madrid a los 22 de julio de 1792. p. 44
GARCÍA M. Luis. La formación Colonial Barinesa. Ediciones de la Universidad Ezequiel Zamora. Colección Ciencias Sociales. p. p. 30-34